En medio de avances limitados, los tiempos de la pensional se aprietan

Faltan dos meses para que entre en vigencia el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común en Colombia, conocido popularmente como la reforma pensional, y en medio de la carrera contrarreloj del Gobierno Nacional para tener todo listo, el balance hasta el momento es de pocos avances y grandes pendientes.

Un reciente informe presentado por el Ministerio del Trabajo al Congreso de la República pone en evidencia que aunque los esfuerzos por sacar adelante la reglamentación y la estructura administrativa han sido notorios, los tiempos se han estrechado y esta transición no fue ajena a los efectos del recorte presupuestal.

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Concretamente, el Mintrabajo reveló que persisten retos en el componente tecnológico y de implementación operativa y que más allá de los decretos expedidos a comienzo de año, para reglamentar las Accai y gravar con impuestos a las pensiones que superen las 1.000 Unidades de Valor Tributario, al momento siguen trabajando en normas que esperan expedir antes de que acabe la semana.

En lo que concierne al manejo financiero, se informó al Congreso que el presupuesto apropiado para la implementación de la reforma en 2025 asciende a $1.143 millones, recursos destinados exclusivamente a inversión, sin que a la fecha se hayan reportado gastos de funcionamiento. De esos fondos, a marzo de este año, se han comprometido cerca de $262 millones, a través de tres contratos de prestación de servicios que respaldan tareas de reglamentación y alistamiento.

Decreto Único Reglamentario

Una de las mayores preocupaciones que hay respecto al futuro de la implementación y entrada en vigencia de la reforma pensional está relacionada con el Decreto Único Reglamentario, la columna vertebral en materia legal, del funcionamiento del nuevo sistema, y que hasta el momento no ha sido expedido, dado que estuvo en consulta pública hasta el pasado 25 de abril.

Una de las personalidades que más ha presionado para que se emita esta norma es la senadora Angélica Lozano, quien si bien reconoció que hacer una normativa de esta envergadura no es fácil, dejó claro que no se puede postergar su publicación, ya que los diversos actores del nuevo sistema necesitan conocerla para ajustarse a lo que viene.

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“Se recogieron más de mil observaciones sobre uno o varios borradores que finalmente se unificaron en este decreto. Sabemos que hay afán, y yo misma reconozco que estamos en mora. Elaborar un decreto es una tarea compleja, pero el verdadero reto del Estado es cumplirlo e implementarlo”, sostuvo.

Lozano también manifestó que “aunque se reclama su publicación con urgencia, también valoro la importancia de revisar los detalles con cuidado —porque, como bien se dice, el diablo está en los detalles— y reglamentar todo requiere precisión”, destacando que la tarea no es fácil y requiere un avance con cuidado.

Acá vale la pena decir que el retraso en la publicación del DUR no ha afectado "de manera significativa" el alistamiento, según asegura el Ministerio del Trabajo, ya que en paralelo se ha venido trabajando en los aspectos jurídicos, tecnológicos y de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar que el sistema pueda iniciar operaciones en la fecha prevista.

De hecho, el Comité de Transición Operativa de la Reforma Pensional, en el cual participan las carteras de Trabajo, Hacienda, la Superintendencia Financiera, Colpensiones y las AFP representadas por Asofondos, ha celebrado 18 sesiones de seguimiento.

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“Se fijó la metodología y hoja de ruta para la adecuación tecnológica y operativa del nuevo sistema, de cara al 1° de julio de 2025”, señala el informe oficial. También operó el Comité de Reglamentación, que ha adelantado 35 mesas técnicas para coordinar la expedición de normas complementarias.

Además del Decreto Único Reglamentario, aún no está listo el decreto sobre la gobernanza del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Ambos documentos ya pasaron por consulta pública, con cientos de comentarios analizados, y se espera su firma en las próximas semanas. También están en ajuste resoluciones técnicas como las del RUAF y la PILA.

Además, restan por reglamentar alrededor de 55 artículos de la Ley 2381 de 2024, los cuales requieren decretos o resoluciones específicas para aspectos operativos, tecnológicos y administrativos del nuevo sistema. Entre ellos se incluyen detalles sobre interoperabilidad, transición, validación de semanas, reportes de afiliación, y funcionamiento de las ACCAI. Las autoridades han priorizado esta reglamentación a través de mesas técnicas interinstitucionales para garantizar su expedición antes del 1 de julio de 2025.

Pendientes de la Corte

Para Andrés Francisco Monroy Fonseca, gerente senior de Servicios Fiscales y Jurídicos de Crowe Co, además de todo lo anterior, no hay que pasar por alto que la Corte Constitucional ha admitido dos demandas que cuestionan la legalidad del trámite legislativo de la reforma, lo que podría afectar su implementación si se llegara a declarar inexequible. Sin embargo, recordó que recientemente la Procuraduría le pidió al alto tribunal avalar su legalidad.

“El cumplimiento del plazo establecido para la entrada en vigor de la reforma pensional depende de varios factores. Por un lado, el avance en la reglamentación y preparación institucional es positivo, con un alto porcentaje de los decretos ya elaborados y una asignación presupuestal significativa para Colpensiones”, manifestó.

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Por otro lado, este experto sugiere que las demandas admitidas por la Corte Constitucional introducen un elemento de incertidumbre y que si este tribunal llegara a confirmar que esta ley es inexequible, su proceso de implementación se vería afectado, ya sea mediante ajustes significativos o la necesidad de elaborar una nueva legislación. De esta forma, con el balance del Gobierno y las alertas de los expertos, queda claro que en el plano normativo, si los decretos previstos se expiden en las próximas semanas y se concluyen las fases iniciales de los proyectos tecnológicos, la implementación de la reforma podría cumplir con los requisitos mínimos para su arranque. Sin embargo, los primeros seis meses del nuevo sistema podrían ser un período de ajustes y adaptaciones importantes.

A la expectativa de la expedición del Decreto Único Reglamentario y del avance en los contratos de sistemas de información, la cuenta regresiva sigue corriendo. La apuesta del Gobierno es lograr que, pese a los retrasos iniciales, el 1° de julio de 2025 Colombia vea la puesta en marcha de una de las reformas pensionales más ambiciosas de las últimas décadas, aunque, como reconocen fuentes técnicas, los tiempos para su implementación ya se encuentran muy apretados.