Gobierno negociará con Autodefensas de la Sierra: ¿qué esperar del 8.° proceso de la paz total?

El gobierno de Gustavo Petro se juega una de sus últimas cartas para lograr un avance concreto en la política de ‘paz total’ antes del 7 de agosto de 2026. Este fin de semana, Óscar Mauricio Silva, el hombre delegado por el Ejecutivo para adelantar los acercamientos con Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), anunció el final de la fase exploratoria y la instalación en un futuro cercano de unos diálogos con la organización criminal surgida tras la desmovilización del Bloque Tayrona de las Autodefensas.

Con este anuncio, realizado en el marco del Foro Internacional por la Paz de la Sierra Nevada, que tuvo lugar en la vereda Puerto Nuevo, corregimiento de Guachaca, la oficina del Consejero Comisionado de Paz dará inicio a su octavo proceso de negociación y a su cuarto espacio sociojurídico, una categoría otorgada por el Ejecutivo a aquellos diálogos que no tienen connotación política.

El propósito del Gobierno, como lo indica en la resolución 300 de 2024 que autoriza la instalación de los diálogos, es “fijar los términos sometimiento a la justicia” de una organización armada cuyo principal enclave se encuentra en el departamento del Magdalena, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Martha, pero que extiende sus tentáculos a La Guajira, Cesar e incluso a la zona fronteriza con Venezuela.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anteriormente conocidas como ‘Los Pachenca’, cuentan, según cifras de inteligencia, con alrededor de 1.000 integrantes. Entre sus principales fuentes de ingresos ilícitos se destacan el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes, agricultores y al sector turístico.

Los orígenes de este grupo y su influencia en el norte del país se remontan a los años 70, cuando Giraldo Serna creó ‘Los Chamizos’, un grupo de vigilancia privada que además controlaba el negocio del contrabando hacia las Antillas, como lo reseña el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, en investigaciones sobre la evolución histórica de los grupos armados liderados por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón.

(Además: Las lecturas de los enroques en el gabinete de Gustavo Petro).

Esta banda local evolucionó en las Autodefensas del Mamey y posteriormente en las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, grupo paramilitar que, además de su incidencia en negocios ilícitos, tuvo un fuerte impacto en la política de la región. Tras las pugnas internas, este pasó a ser conocido como Frente Resistencia Tayrona, desde 2005 Bloque Resistencia Tayrona, una organización armada que siguió sembrando el terror hasta su desmovilización en 2006.

Con Giraldo Serna recluido en una cárcel de Estados Unidos, el control de la organización pasó a manos de varios de sus familiares, quienes consolidaron la influencia de la llamada ‘Oficina del Caribe’. Esta estructura, con el tiempo, dio paso a la formación de las Autodefensas Conquistadoras.

Hoy, según el experto en seguridad y conflicto armado, Lerber Dimas, ejercen control sobre 50.000 personas en la región y, además, libran una intensa y sangrienta guerra con el ‘clan del Golfo’ -autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia- por las ganancias de negocios lícitos e ilícitos. “La ausencia del Estado les ha permitido consolidarse no solo como un grupo armado, sino también como una estructura político-militar con influencia en la toma de decisiones locales”, afirmó el experto.

Los acercamientos con este grupo armado arrancaron bajo la gestión de Danilo Rueda en la oficina del Comisionado de Paz. De hecho, el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno decretó un cese del fuego bilateral con esta organización durante seis meses. Durante los meses posteriores al vencimiento de la tregua, los esfuerzos del entonces comisionado se centraron en adelantar acciones humanitarias en la zona de influencia de este grupo armado con autoridades indígenas, liderazgos campesinos y comunidades de la región.

Meses más tarde, en abril, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, volvió a dar pistas sobre estos acercamientos. “Vamos a hacer un experimento con las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’, hemos empezado unas conversaciones informales con ellos porque pensamos que allí, dado que son una fuerza muy local y que hicieron una manifestación muy expresa de que ellos quieren montar un proceso. Ellos están de acuerdo en que tiene que ser rápido, es decir, no un proceso exprés, pero sí uno rápido”, dijo durante un Consejo Nacional de Paz.

En agosto del 2024 se autorizó la instalación de estos diálogos a través de la resolución 300; sin embargo, tuvieron que pasar ocho meses para se anunciara el primer paso con miras a la disolución de esta organización armada y su acogimiento a la justicia.

Justamente es en este último tema en donde radican las dificultades para el Gobierno. Este eventual espacio de conversación sociojurídico, igual que sucede con el que el Gobierno pretende adelantar con el ‘clan del Golfo’, no cuenta con las herramientas jurídicas para el sometimiento y el desmantelamiento de sus integrantes.

Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la ‘paz total’, pero le puso varios límites. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento.

“Es muy difícil que se logre un acuerdo de fin de conflicto por el poco tiempo que le queda a este Gobierno y además porque esta mesa de diálogo, al igual que la que eventualmente se inicie con el Ejército Gaitanistas de Colombia, no tiene marco jurídico y no hay ambiente favorable en el Congreso para tramitar una ley de sometimiento”, señaló el profesor Luis Fernando Trejos.

Además, considera que no es viable la propuesta de los voceros de esa organización de no pagar cárcel, sino de ser reubicados en diferentes zonas tras la dejación de armas. “No es viable porque para eso el grupo armado tendría que someterse a un proceso de justicia transicional y debe tenerse en cuenta que Justicia y Paz está por terminar su vigencia y en la JEP las ACSN no tienen cabida”, señaló.

Los próximos días serán fundamentales para conocer las condiciones bajo las cuales se instalará el proceso y si el Gobierno que ante las pretensiones de ese grupo. Cabe mencionar que para este espacio el Ejecutivo ya reconoció a seis integrantes de esa organización: Fredy Carrillo, alias Pinocho; José Luis Pérez, alias Cholo; Loryin Emilio Pertuz, alias York; Orlando Pérez Ortega, alias Pataliso; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; Norberto Quiroga Poveda, alias 5-5; y el mencionado ‘Camilo’, jefe político de las ACSN.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)