Reacciones políticas tras revelación de millonarios contratos entregados a la minga indígena

La llegada de aproximadamente 16.000 personas que pertenecen a la minga indígena para participar en las marchas de este 1.° de mayo ha suscitado un fuerte debate en el mundo político. Sumado a esto, la Unidad de Datos de datos de EL TIEMPO, tras revisar registros del Secop, reveló que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) han firmado 96 contratos desde mediados del 2022 hasta la fecha, que equivalen a 405.000 millones de pesos.

En una publicación en su cuenta de X, María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, criticó la llegada de estos grupos y señaló: “Esta es la guardia de Petro, utilizada para generar una falsa sensación de respaldo a sus reformas”. La senadora sostuvo que esa comunidad realiza “ejercicios de orden cerrado, encapuchados y organizados como si fueran un ejército”.

En su cuenta de redes sociales, la congresista calificó a la población indígena que llegó a la ciudad como “minga prepago”, acusándolos de manipular a Petro para recibir los contratos millonarios.

A esto se suma a las denuncias del concejal Daniel Briceño, quien habló del supuesto “pacto” firmado entre el presidente y el Cric. Según él, más de 300.000 millones de pesos quedarían comprometidos en contratos interadministrativos con esta organización.

Briceño ha insistido en que parte de estos recursos aún no se han ejecutado en las bases indígenas y cuestiona la transparencia y resultados de los proyectos pactados.

Estos cuestionamientos coinciden con la denuncia de que, solo en lo corrido de 2025, el Gobierno Petro habría comprometido más de 300.000 millones de pesos para el Cric, particularmente en convenios firmados con el Ministerio de Salud para “acciones diferenciales” en comunidades del Cauca, por montos cercanos a 39.000 millones de pesos.

Frente a las acusaciones de uso político de los contratos, otros políticos han manifestado su respaldo hacia estos grupos. Norman Bañol, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena, aclaró que las mingas no son actos espontáneos, sino procesos de movilización planificados, en los cuales las organizaciones establecen cronogramas y acuerdos previos con entidades estatales para garantizar su sostenimiento logístico y sanitario. Según él, la firma de contratos obedece a la necesidad de asegurar recursos en servicios básicos (alimentos, salud, alojamiento), más que a concesiones políticas.

Entre otros representantes, el ministro Daniel Rojas Medellín, vocero de algunos sectores en favor del diálogo intercultural, también defendió la autonomía universitaria de la Nacional para acoger a la minga en su campus y resaltó que la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Mineducación y la Alcaldía de Bogotá buscó resolver la situación sin discriminación, acatando la solicitud de espacio y garantías sanitarias.

La controversia gira en torno a si estos contratos son, en esencia, inversiones sociales legítimas o si constituyen un respaldo político al Gobierno. Los opositores subrayan que el momento y la magnitud de los acuerdos coinciden con las movilizaciones del 1° de mayo, lo cual, a su juicio, apunta a un “orden cerrado” y a un uso instrumental de las comunidades indígenas para mostrar un respaldo masivo a las reformas que se han impulsado.

Por su parte, quienes defienden la gestión destacan que las entidades indígenas han venido fortaleciendo proyectos en educación propia (Seip), salud diferencial, infraestructura rural y tecnología para la inclusión digital, con convenios que en 2023 sumaron 171.000 millones de pesos y que, en lo corrido de 2024, alcanzan ya 57.000 millones

La discusión seguirá abierta mientras la minga permanece en Bogotá y avanza la ejecución —o el reclamo por el incumplimiento— de los convenios suscritos.

ESCUELA DE PERIODISMO EL TIEMPO