La petición contra la ley Duplomb alcanza el millón de firmas, un debate sin precedentes en la Asamblea

La petición contra la ley Duplomb alcanzó el millón de firmas en el sitio web de la Asamblea Nacional el domingo por la tarde, reavivando las disputas en torno a este texto altamente controvertido, que podría encontrarse en el centro de un debate sin precedentes en el Parlamento si no es derogado.
Fue lanzado por un estudiante el 10 de julio , dos días después de la adopción del texto del senador de los Republicanos Laurent Duplomb, que autoriza la reintroducción condicional de un pesticida prohibido en Francia, pero autorizado en Europa.
Una vez alcanzado el umbral de 500.000 firmas, alcanzado el sábado, y siempre que provengan de al menos 30 departamentos o comunidades de ultramar, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional podrá decidir organizar un debate en sesión pública. Sin embargo, la ley no será reexaminada en cuanto al fondo, y mucho menos derogada.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, declaró el domingo en Franceinfo que estaba "a favor" de organizar dicho debate. Sin embargo, "en ningún caso revertirá la ley aprobada", que, según ella, "salvará a algunos de nuestros agricultores".
Laurent Duplomb también cree que se llevará a cabo un debate de este tipo, sin precedentes en el hemiciclo del Palacio Borbón para una petición bajo la Quinta República. Sin embargo, le preocupa la "competencia desleal" para los agricultores franceses sin este texto.
Eléonore Pattery, la estudiante de 23 años que escribió el texto, se negó a responder a las numerosas solicitudes de los medios, afirmando en LinkedIn que «las voces que se alzan en todo el país ya la representan muy bien». Su texto fue ampliamente compartido en redes sociales, y unas 500.000 personas más lo firmaron en las 24 horas transcurridas entre el sábado y el domingo.
Tanto los opositores como los partidarios de la ley, que se movilizaron con fuerza durante su revisión, expresaron nuevamente su desacuerdo el domingo. El presidente y el primer ministro «deben atender la indignación popular contra la aprobación de esta ley. Deben abandonar su promulgación», escribió Manuel Bompard, coordinador de La France Insoumise, en X.
La líder del Partido Verde, Marine Tondelier, solicitó una "segunda deliberación" de la ley en el Parlamento, según lo decida el presidente Emmanuel Macron, lo que retrasaría su promulgación.
Un debate "podría al menos poner de relieve las posiciones de los diputados" que no se sienten "muy cómodos" con su voto, afirma Emilie Deligny, secretaria general de la Confederación Campesina, el tercer sindicato agrícola, subrayando "el problema de salud pública" del pesticida en cuestión.
Por el contrario, Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas Franceses), el principal sindicato agrícola, firme defensor de la ley Duplomb, cree que la agricultura francesa "desaparecerá" si se le imponen "estándares más altos" que los de sus vecinos europeos. Esta ley "es una aberración científica, ética, ambiental y sanitaria", escribe la estudiante en su petición.
Adoptada el 8 de julio por el Parlamento, prevé en particular la reintroducción, de forma excepcional y bajo condiciones, del acetamiprid, un pesticida de la familia de los neonicotinoides, prohibido en Francia pero autorizado en Europa.
Este producto es muy demandado por los productores de remolacha y avellana, quienes consideran que no tienen alternativa para combatir las plagas y se enfrentan a una competencia desleal. Por otro lado, los apicultores lo advierten como un "matar abejas". Sus efectos en los humanos también son motivo de preocupación, aunque los riesgos siguen siendo inciertos debido a la falta de estudios a gran escala.
La petición también pide "una revisión democrática de las condiciones en las que se adoptó la ley Duplomb".
En el Parlamento, se había llevado a cabo de forma precipitada con una moción preliminar de rechazo, presentada por su propio ponente, Julien Dive (LR), quien se mostró a favor del texto. El diputado lo justificó denunciando la «obstrucción» de la izquierda, que había presentado miles de enmiendas.
La falta de un debate real en la Cámara es uno de los argumentos esgrimidos por los diputados de izquierda que presentaron el 11 de julio un recurso ante el Consejo Constitucional esperando su censura por motivos de procedimiento, lo que podría impedir su promulgación.
Esta posibilidad de presentar peticiones en la página web de la Asamblea, que data de 2019, es un ejemplo de «democracia participativa que podría cambiar las fronteras», según la experta constitucional Anne-Charlène Bezzina. Esto «ejerce presión política» sobre los diputados, coincide su colega Benjamin Morel.
RMC