Juez declara inconstitucional la orden ejecutiva de Trump dirigida a Perkins Coie

Washington — Un juez federal dictaminó el viernes que la orden ejecutiva del presidente Trump dirigida al bufete de abogados Perkins Coie es inconstitucional y bloquea permanentemente al gobierno para que no la aplique.

En una decisión de 102 páginas , la jueza federal de distrito Beryl Howell falló a favor de la firma y dijo que la directiva de Trump que buscaba castigarla enviaba el mensaje de que "los abogados deben apegarse a la línea del partido, o de lo contrario..."

"Sin embargo, utilizar las facultades del gobierno federal para atacar a los abogados por su representación de clientes y sus declaradas políticas de empleo progresistas, en un intento manifiesto por reprimir y castigar ciertos puntos de vista, es contrario a la Constitución, que exige que el gobierno responda a las expresiones o ideas disidentes o impopulares con 'tolerancia, no coerción'", escribió Howell.

Ella encontró que la orden ejecutiva viola las enmiendas Primera, Quinta y Sexta de la Constitución.

La decisión de Howell, miembro del tribunal de distrito de EE. UU. en Washington, D. C., es el primer fallo sumario en uno de los cuatro casos interpuestos por bufetes de abogados sancionados por el presidente debido a su vinculación con personas y causas que desaprueba. Además de Perkins Coie, los bufetes Jenner & Block, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr y Susman Godfrey también han interpuesto demandas impugnando sus respectivas órdenes ejecutivas.

Perkins Coie representó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton durante las elecciones de 2016 y contrató a una firma de investigación que retuvo al exespía británico Christopher Steele, quien produjo el infame " Dossier Steele ".

Todas las órdenes ejecutivas son similares. Exigen la suspensión inmediata de cualquier autorización de seguridad vigente que tengan los empleados de las empresas. Ordenan a las agencias gubernamentales que exijan a los contratistas que revelen cualquier actividad comercial con las empresas, que los líderes de las agencias revisen todos los contratos con las empresas o entidades que las negocian, y que limiten el acceso de los empleados de las empresas a los edificios federales y a los funcionarios del gobierno.

En conjunto, Howell afirmó que las directivas respaldan la afirmación de Perkins Coie de que Trump ha montado una campaña para "utilizar el poder de la presidencia para atacar a abogados individuales y bufetes de abogados asociados con ellos basándose en su desagrado personal por su trabajo legal; en otras palabras, para vengarse".

El fallo de Howell a favor de la firma era esperado, ya que se mostró comprensiva con su intento de bloquear la directiva del Sr. Trump durante una audiencia el mes pasado. Anteriormente, había bloqueado temporalmente la aplicación de las disposiciones de la orden sobre contratación pública y acceso a edificios y personal federales. Aun así, su decisión representa una victoria significativa para Perkins Coie y una reprimenda al presidente.

Mientras que cuatro firmas han intentado impugnar judicialmente las órdenes ejecutivas del Sr. Trump que las afectan, al menos otras nueve han llegado a acuerdos con la Casa Blanca para evitar ser sancionadas por el presidente. Los acuerdos, anunciados por el Sr. Trump en redes sociales, incluyen compromisos de proporcionar entre 40 y 125 millones de dólares en servicios legales pro bono.

Refiriéndose a estas nueve firmas, Howell afirmó que parecen haber recibido la sugerencia del Sr. Trump de que podrían ser sancionadas si no aceptan sus condiciones. Una de ellas, Paul Weiss, fue objeto de una orden ejecutiva del presidente que fue revocada tras aceptar proporcionar 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos durante el mandato del Sr. Trump. Howell afirmó que la revocación "demuestra el poder coercitivo de este tipo de persecución por parte de la administración Trump".

"Si la historia fundacional de este país sirve de guía, aquellos que se levantaron en los tribunales para reivindicar los derechos constitucionales y, al hacerlo, sirvieron para promover el estado de derecho, serán los modelos elogiados cuando se escriba este período de la historia estadounidense", escribió en una nota a pie de página.

Designado por el expresidente Barack Obama, Howell dijo que la orden ejecutiva dirigida a Perkins Coie "estigmatiza y penaliza" a la firma y sus empleados, desde socios hasta abogados y asistentes de la sala de correo, debido a su representación pasada y actual de clientes que toman posiciones que no le gustan al presidente.

Perkins Coie, escribió Howell, no es empleado ni contratista del gobierno, sino "una firma de abogados que representa a algunos clientes que no le agradan al presidente, que participa en algunos litigios en busca de resultados que no le agradan al presidente y que opera su negocio, en parte, de una manera que no le agrada al presidente".

Dijo que el caso "representa un ataque sin precedentes" a los principios del sistema judicial estadounidense.

"Aquí, el ejercicio desmesurado del poder por parte de la administración Trump en la Orden Ejecutiva 14230 para perseguir a Perkins Coie por acciones adversas de todas las agencias federales viola la Constitución de múltiples maneras", escribió Howell.

La jueza afirmó que la orden ejecutiva se emitió como "retribución" por el trabajo de Perkins Coie y las "quejas" de Trump, que, según ella, ha expresado públicamente desde 2017.

Howell caracteriza repetidamente la orden ejecutiva emitida por el presidente como un medio deliberado para perjudicar a Perkins Coie. Al determinar que viola la garantía de igualdad ante la ley de la Quinta Enmienda, el juez escribió que «resolver venganzas personales mediante la aplicación de medidas gubernamentales punitivas a una empresa o persona desfavorecida no constituye un uso legítimo de las facultades del gobierno estadounidense ni de un presidente estadounidense».

Los abogados de Perkins Coie argumentaron durante una audiencia ante Howell el mes pasado que la orden ejecutiva del Sr. Trump constituía una represalia ilegal y debía bloquearse permanentemente. Mientras tanto, el Departamento de Justicia instó al juez a desestimar el caso.