Presentaron el primer amparo para suspender la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema

Horas después de que el Gobierno designó a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, presentaron el primer amparo para frenarlo. Lo realizó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) que solicitó una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento.

Además, la asociación promovió una acción de nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo que autorizaba dicha designación. En paralelo, solicitaron que la acción se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. Dentro de sus argumentos, la entidad señaló que «el dictado del decreto 137/2025 demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera».

Además, según CEPIS, esta circunstancia «evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional» al nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla.

Además indican que se trata de una «acción que lesiona con arbitrariedad manifiesta la garantía de independencia prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional«. De esta manera, la Asociación Civil indicó: «Estas disposiciones establecen los contenidos mínimos para que el sistema de administración de justicia sea independiente de los demás poderes del Estado y para que los jueces, fiscales y defensores puedan desempeñar con libertad la delicada misión que les ha sido asignada, sin interferencias políticas, y protegidos de cualquier presión, ataque o persecución».

El pasado martes el Gobierno anunció por decreto nombrarán a los dos jueces mencionados para la Corte Suprema. De hecho, la Oficina del Presidente publicó un comunicado al respecto en el que señalan que «El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino».

En este sentido, el Gobierno argumentó que el Senado no tiene la facultad de rechazar candidatos basándose en «preferencias personales o políticas». Según el documento, la politización de la Justicia es una de las principales razones por las que los ciudadanos no cuentan con un servicio judicial eficiente. Sin embargo, desde el peronismo aseguran que frenarán la designación de ambos magistrados en la Cámara Alta luego de que alcanzaran el quórum para su tratamiento en el recinto.