Horacio Rosatti se excusó de intervenir en la causa AMIA I y ya se nombraron tres conjueces
El presidente de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti se excusó este martes de intervenir en la causa abierta por las irregularidades y delitos cometidos durante la investigación de la causa AMIA, la voladura de la mutual judía que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas.
El juez informó su excusación “por razones de decoro y delicadeza” en el marco del expediente que llegó al máximo tribunal días atrás debido a que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre julio de 2004 y julio de 2005, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Desde ese cargo, anunció y firmó el decreto 812/2005 en donde el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la denegatoria de justicia y las consecuencias de la falta de esclarecimiento del atentado. Así los jueces designados por decreto Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no podrán votar en este sensible este tema.
Ante esta excusación y otras, ya fueron sorteados y elegidos 3 conjueces de los presidentes de las cámaras federales del país, quienes decidirán si ratifican las condenas y absoluciones de la causa. Es la primera vez que se usa ese mecanismo, desde la jubilación en diciembre de Juan Carlos Maqueda.
En base al acuerdo firmado en Washington ante la CIDH, el Poder Ejecutivo se comprometió a implementar medidas de distinto tipo, de apoyo a la investigación, que incluyó la creación de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y el fortalecimiento de la Unidad fiscal Especial AMIA del Ministerio Público, que encabezó el fiscal Alberto Nisman. El atentado a la AMIA fue declarado en 2006 como un delito de lesa humanidad por el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral, criterio ratificado en instancias superiores, es decir que no prescribe.
La causa por las irregularidades en la investigación del atentado AMIA se activó en 2003, luego de que el Tribunal Oral Federal 3, que llevó adelante el primer juicio oral por la explosión, absolvió a todos los acusados y expuso diversos delitos que se cometieron en la instrucción. Allí se determinó que hubo un pago “espurio e ilegal” de 400 mil dólares con fondos de la SIDE que se le entregó al reducir de autos robados, Carlos Telleldín, el entonces único detenido, a dos años del atentado, previo a una declaración en la causa principal en la que acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. El tribunal dio por probada la llamada doctrina del "fruto del árbol envenenado" y anuló la causa. Pero años después la Corte legitimó la causa hasta antes del pago a Telleldín en 1998..
Al día siguiente del fallo, Rosatti se refirió al veredicto y sostuvo que se trataba de un fallo “muy valiente”. Advirtió además que el Gobierno iba a “profundizar las investigaciones para que los funcionarios involucrados en ocultar la verdad, tengan el castigo correspondiente". También aseguró que la decisión debía tomarse como "un punto de partida y no de llegada".
El juicio por las irregularidades tuvo lugar entre 2015 y 2019 y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 2. Allí terminaron condenados el primer juez del caso, Juan José Galeano; el ex jefe la SIDE de Carlos Menem Hugo Anzorreguy y varios espías, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y Telleldín, entre otros. También fue absuelto el ex presidente Carlos Menem y los otros implicados en la llamada “pista siria” que el tribunal dio por inexistente, pese a las declaraciones de la ex presidenta Cristina Kirchner en contrario.
El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal firmó dos resoluciones en donde por un lado confirmó la mayoría de las condenas por el caso de las irregularidades (modificando algunas penas). Y también ratificó la absolución de Carlos Telleldín, en el segundo juicio que se hizo en su contra por el ataque. Todo ello fue apelado por las partes que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.
Según la investigación, basada en informes de los servicios de inteligencia argentino, estadounidense e israelí, el atentado a la AMIA fue ordenado por el gobierno de Irán de aquel entonces y ejecutado por el partido Hezbolá del Líbano.
La justicia argentina imputó a un grupo funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los presuntos autores. Ninguno se presentó ante las autoridades argentinas ni aceptó ser indagado en la causa. Interpol dictó alertas rojas de captura contra varios de ellos.
Clarin
