Incendios: Hoy vence plazo para limpieza de terrenos y GNR inicia inspección el lunes

Los propietarios han tenido hasta hoy que limpiar tierras forestales y agrícolas para evitar incendios rurales, y la GNR comenzará las inspecciones el lunes, después de haber marcado 10.417 parcelas de tierra por falta de gestión de combustible hasta fines de abril.

Según una fuente de la Guardia Nacional Republicana, las fuerzas de seguridad, incluido el Servicio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Sepna), están preparadas, "a partir del lunes", para supervisar la gestión del combustible alrededor de los edificios e infraestructuras, y podrán aplicar multas a los propietarios que no hayan limpiado sus terrenos.

No obstante, la misma fuente explicó que las autoridades tendrán “algo de sentido común” a la hora de aplicar las multas, pues “hay muchas dificultades en cuanto al mercado de trabajo y la maquinaria”, aunque señaló que, además de los propietarios, también es necesario ver el punto de vista del “vecino que cumplió y tiene legitimidad para exigir que el terreno de al lado esté limpio”.

Sin embargo, aunque legalmente la fecha límite para limpiar el terreno es el 30 de abril, el Gobierno la extendió hasta el 31 de mayo, debido a las condiciones climáticas, y luego por otros 15 días, hasta el 15 de junio, según lo solicitado por las asociaciones del sector.

“Las obras de gestión de combustible en la red secundaria de franjas de gestión de combustible podrán realizarse hasta el 15 de junio de 2025”, se lee en un despacho conjunto de los secretarios de Estado de Protección Civil, Paulo Simões Ribeiro, y de Bosques, Rui Ladeira, publicado en el Diario Oficial.

En el marco de la Campaña Bosque Seguro 2025, orientada a prevenir incendios forestales, la GNR alertó, entre el 16 de febrero y el 30 de abril, “10 mil 417 predios que podrían estar en situación de vulneración por falta de gestión de combustibles”, indicó la división de comunicaciones de la fuerza de seguridad.

La gestión del combustible pretende reducir el material vegetal y leñoso con el fin de dificultar la propagación e intensidad de los incendios, alrededor de viviendas y núcleos de población en zonas rurales, con mayoría de indicios en los distritos de Leiria (2.606), Bragança (1.162), Santarém (941), Coimbra (818) y Viseu (798).

Las 10.417 parcelas señalizadas este año superan las 10.256 registradas hasta el 31 de mayo del año pasado, pero están por debajo de las 14.319 de 2023, las 10.989 de 2022, las 14.545 de 2021, las 24.227 de 2020 y las 31.582 de 2019.

Para Ricardo Vaz Alves, director del Sepna en la GNR, el “número de denuncias está en línea con lo ocurrido el año pasado” y, frente a las 14.000 denuncias de años anteriores, cree que hay “una evolución en cuanto a la concienciación de la sociedad sobre la gestión del combustible”.

“Se está haciendo mucho trabajo de concienciación aquí y está dando frutos en términos de gestión del combustible”, dijo el oficial, en declaraciones a Lusa.

El director del Sepna aseguró que el objetivo de la GNR “es siempre concienciar y buscar corregir posibles situaciones infractoras” y, solo como último recurso, “se pondrá una multa por falta de gestión del combustible”, tras “hacer señas, hablar con los propietarios, hablar con los vecinos también”, para que “el mensaje llegue y se puedan corregir las situaciones”.

Desde el inicio de la Campaña Bosque Seguro, hasta el 18 de mayo, la GNR registró, según datos provisionales, 36 denuncias por faltas administrativas por quemas ilegales y 100 denuncias por quema de leña y fogatas.

La ordenación de las franjas combustibles tiene como objetivo prevenir los incendios rurales, pero la Federación Nacional de Asociaciones de Propietarios de Bosques (FNAPF) pidió al Gobierno extender el plazo “por un mes y medio”, debido a las condiciones climáticas.

Ante las dificultades para contratar empresas de limpieza, sobre todo por la escasez de mano de obra y la limitación de equipos, la FNAPF y la ANEFA – Asociación Nacional de Empresas Forestales, Agrícolas y Ambientales consideraron insuficiente el plazo para ejecutar la mayor parte de los trabajos y pidieron más tiempo antes de que las autoridades empiecen a controlar los incumplimientos y a aplicar las infracciones administrativas.

Las infracciones en la gestión del carburante constituyen infracciones administrativas castigadas con multa de entre 140 y 5.000 euros para las personas físicas y de entre 1.500 y 60.000 euros para las personas jurídicas.