Los demócratas presentan la ley 'BAD DOGE' para acabar con la organización de Elon Musk

Anoche, el congresista de California Dave Min presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso llamado Ley para el fortalecimiento de la democracia estadounidense y la exigencia de supervisión y ética gubernamental, o “Ley BAD DOGE”, para abreviar. El proyecto de ley es una de las dos nuevas leyes presentadas por el Congreso en las últimas 24 horas que tienen como objetivo controlar a Elon Musk mientras arrasa con el gobierno.

Los proyectos de ley son tan nuevos que el texto ni siquiera forma parte del registro del Congreso todavía, pero se pueden leer ambos en su totalidad en los sitios web de los congresistas que los presentaron. El otro, que fue presentado por el representante Suhas Subramanyam de Virginia, se llama Ley de Aplicación Legislativa contra Reveses de Acciones Perjudiciales de DOGE o “ Ley LEASH DOGE”.

De los dos, BAD DOGE es más estridente y contundente. Pide la derogación total de la Orden Ejecutiva que creó el departamento y utiliza el texto de la propia Orden Ejecutiva para argumentar a favor de su desestimación. “La Orden Ejecutiva DOGE especifica que el USDSTO estará encabezado por el Administrador del USDS, que será designado por la Oficina de Administración y Presupuesto, y se dedicará a promover la agenda DOGE del Presidente”, dice la Ley BAD DOGE.

“De hecho, tanto el USDS como el USDSTO están dirigidos por Elon Musk, quien no fue designado como administrador del USDS”, dice la ley. “No hay registros gubernamentales que indiquen que el Sr. Musk tenga algún rol formal con el Gobierno Federal, o que esté cumpliendo con cualquier requisito de divulgación o conflicto de intereses que se aplicaría a los empleados o funcionarios federales”.

En una presentación legal, la Casa Blanca ha dicho que Musk no es un empleado de DOGE , no está a cargo de la empresa y no tiene la capacidad de tomar decisiones. "El señor Musk no es el administrador del servicio DOGE de EE. UU.", dijo la Casa Blanca en una presentación legal en un caso que está luchando contra el estado de Nuevo México en este momento.

Por supuesto, esto es una tontería para cualquiera que tenga ojos y oídos. Musk tuitea sobre lo que hace DOGE todos los días y sigue el manual que utilizó cuando se apoderó de Twitter y lo convirtió en X. Durante el fin de semana y el lunes, Musk publicó en X una y otra vez sobre cómo hacer que los empleados federales respondan a un correo electrónico sobre lo que hicieron la semana pasada. Él está a cargo, incluso si no ha sido designado oficialmente para el puesto.

“En este momento, la gente está aterrorizada”, dijo Min en una declaración en su sitio web sobre la Ley BAD DOGE. “No están seguros. He hablado con bancos de alimentos, he hablado con diferentes organizaciones ambientales, he hablado con servicios de salud, con la UC Irvine, a la que represento, todos están preocupados en este momento porque muchos de ellos ya han recibido notificaciones de que van a perder la financiación. De manera ilegal, otra vez”.

“Por ejemplo, si la congelación o los recortes del NIH se aprueban, la UC Irvine perderá 125 millones de dólares, lo que supone una amenaza existencial para su presupuesto”, afirmó. “Se trata de dinero que ya está comprometido, que contrataron a personas basándose en él, que participaron en ensayos de cáncer, entre otras cosas, basándose en esa promesa de financiación. Y Elon Musk está tratando de quitárselo. Si multiplicamos eso por todos lados”.

La legislación propuesta por Min tiene cuatro copatrocinadores en este momento, todos ellos demócratas. La Ley LEASH DOGE tiene 12 copatrocinadores, también todos demócratas. También es menos contundente.

BAD DOGE quiere derogar la Orden Ejecutiva y mandar a Musk a la cárcel. LEASH DOGE quiere un informe. La ley obligaría al Contralor General a estudiar lo que está haciendo DOGE y averiguar cuáles son los “intereses financieros, de salud pública y de seguridad a largo plazo”. También quiere que el informe examine la posibilidad de que DOGE haya violado las leyes de privacidad de Estados Unidos. La fecha límite para el informe sería el 31 de diciembre de 2025.

Emocionante.