Cómo presiona la industria de los ultraprocesados a medios, investigadores y divulgadores

En 2016, la doctora Esperanza Cerón Villaquirán, una médica colombiana, interpuso formalmente una denuncia penal al haber sido objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones. En su relato vinculó estos delitos al hecho de ser directora ejecutiva en Educar Consumidores, una organización que investiga y propone estrategias frente cuestiones de consumo con impacto negativo sobre la salud y el medioambiente, que había promocionado un anuncio televisivo alertando de los peligros asociados al consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

La doctora Cerón recibió llamadas amenazantes de madrugada en su móvil y fue objeto de seguimiento a pie y persecución en motocicleta por parte de desconocidos. Algunos de los mensajes que le hicieron llegar fueron elocuentes: “Cállese, vieja hijaeputa, o aténgase a las consecuencias”. Ya fuera por las intimidaciones relatadas o por las acciones llevadas a cabo ante la administración por parte de Gaseosas Postobón, la principal empresa de refrescos del país, el anuncio fue retirado de la parrilla publicitaria de Colombia. Además, a la doctora Cerón y a sus colegas se les prohibió hablar públicamente de los riesgos del azúcar sobre la salud. Refrescos 1 – Salud Pública 0

No hay una frase que resuma mejor la situación con menos palabras, pero cuando se pone a las grandes multinacionales de la alimentación en el centro de la conversación, el debate toma dimensiones asombrosas. Un ejemplo: en el año 2022 los ingresos mundiales de Danone fueron 30.000 millones de dólares, los de Coca-Cola, 43.000 millones y, los de Nestlé, 106.000 millones. Por eso en el momento que el sector de los ultraprocesados percibe un peligro o una amenaza que, de algún modo, pueda perjudicar a su balance de cuentas o al efecto previsto de cualquiera de sus millonarias campañas de márquetin, es fácil pensar en que no dudarán en emplear cualquier medio a su alcance para desactivar dicha amenaza. Su objetivo se centrará en cualquiera que perjudique su negocio: medios de comunicación, investigadores, divulgadores y, cómo no, influencers.

Una reciente revisión científica sobre las presiones de las que son objeto ciertos defensores de la salud pública por parte de los sectores del tabaco, el alcohol y los ultraprocesados, ofrece un análisis pormenorizado que identifica diversas formas de intimidación. Aunque nadie duda ya de los riesgos del tabaco ni del historial manipulador de su industria —con casos que han alcanzado la gran pantalla—, este estudio advierte que ciertas multinacionales de la alimentación y sus respectivos grupos de presión (lobbies) utilizan, en ocasiones, tácticas muy parecidas. El gran aporte de esta publicación consiste en documentar y referenciar las decenas de casos que han formado parte de la revisión. El concepto en sí mismo no es nada novedoso: las industrias más poderosas recurren a estrategias más que cuestionables para mantener o incluso aumentar su balance de cuentas casi a cualquier precio. La exdirectora general de la OMS, Margaret Chan, ya lo expresó textualmente y sin pelos en la lengua en 2011.

El trabajo concreta las distintas maneras con las que se lleva a cabo esta intimidación y, a partir de sus anexos, incluye decenas de referencias -casos reales- que las ilustran. Entre ellas, desacreditar públicamente a los opositores: esta es la forma más común de intimidación, que ocupa la mitad de los casos objeto de la revisión. Las campañas de descrédito se llevaron a cabo en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales o en otras plataformas como congresos, reuniones con la administración y similares.

También pueden optar por ridiculizar su imagen, tildando a los enemigos del sector de fundamentalistas, refiriéndose a ellos como “radicales”, “fascistas de la alimentación”, “Gestapo nutricional”, “policía de los alimentos” y otras expresiones por el estilo. En este terreno también se ha llegado a argumentar que la apariencia física del opositor no era tan musculosa como se supone que debería ser la de un destacado “policía de la alimentación”.

Otra práctica común es poner en duda la integridad profesional de los perfiles críticos, tachándolos de ser falsos, afirmando que sus declaraciones son fruto de ciertos conflictos de intereses o apuntando a sus escasas habilidades profesionales. Para ello no es raro que el sector implicado pague a otros científicos para contradecir al opositor, e incluso para que afirmen que este no tiene pruebas válidas para sostener lo que manifiesta en su contra.

También pueden denunciar o amenazar con acciones legales contra los defensores e investigadores cuyo trabajo señala a los ultraprocesados como una opción poco saludable o directamente insana, o amenazar con la retirada de la financiación a entidades como la OMS a menos que los investigadores cambien las conclusiones de sus informes.

Para terminar, y seguramente la más sorprendente, llegan a contratar servicios de vigilancia para espiar a los implicados en la formulación de políticas de salud pública. Estas estrategias de espionaje han incluido, entre otras, programas espía en los ordenadores, seguimientos, escuchas telefónicas e introducción de micrófonos en reuniones clave. El volumen de casos que recoge el estudio es francamente apabullante. Tanto es así, que podría observarse como un catálogo ilustrado para confeccionar una guía de conducta hacia el matonismo perfecto.

No todas las presiones son iguales: la coerción, dependiendo del entorno y las circunstancias, tiene un gradiente que va de menos a más. No es lo mismo “plata” que “plomo”. Este suele ser el modus operandi de una marca, multinacional o interprofesional cuando identifica una voz, venga de donde venga, que sea una amenaza real o potencial para sus intereses:

La cooptación o seducción: aparte de su sentido original; referido a la elección interna dentro de un grupo cerrado, la cooptación en este terreno se refiere al hecho de seducir o vincular positivamente a alguien para neutralizar su oposición. En la elección dual –plata o plomo–, la cooptación sería la plata. Si se trata de un medio de comunicación que se perciba como una amenaza se podría, por ejemplo, contratar publicidad en dicho medio.

En el caso de influencers o divulgadores de cierta visibilidad no es infrecuente empezar con el envío periódico de producto o regalos corporativos (merchandising) con el que se genera un vínculo de cercanía, afecto, incluso de compadreo –yo mismo caí en este ardid años atrás– con el influencer. A estos también se les puede invitar a conocer las instalaciones de la empresa en un generoso e incluso lujoso viaje a destinos más o menos glamurosos y exclusivos. Asimismo, se pueden pactar contenidos generosamente remunerados en las redes, canal de YouTube, blog o podcast del divulgador.

Respecto a los investigadores o autores de artículos científicos, puede haber también diversas formas de cooptación: la invitación a congresos con todos los gastos pagados y en las mejores condiciones, proponer becas doctorales o contratos de investigación para su universidad o grupo de investigación o posicionar a estas personas en comités científicos de instituciones pantalla o lobistas.

La amenaza: las empresas están en su legítimo derecho de expresar su malestar y desacuerdo con cualquier contenido que señale en contra de sus intereses. El conflicto surge en el momento que la queja o, digámosle, la disparidad de criterios, se acompaña de ciertas características. Llegamos al plomo. Por ejemplo: si el contenido que incomoda a un sector está en un medio de comunicación, lo más común suele ser hablar con el departamento comercial del medio y amenazar con retirar la publicidad o con no contratarla.

Además, y sin perjuicio de lo anterior, también se puede pedir la cabeza del autor material del contenido. Por ejemplo, cuando Julio Basulto en el papel de divulgador, Jesús Soria en el de director de ‘SER Consumidor’ y las galletas Dinosaurus —en coalición con una asociación médica— exigieron que dejara de colaborar en la sección (por suerte, sin éxito).

Un servidor ha sufrido en carnes propias una situación similar y me reservaré el derecho de no revelar mis fuentes salvo que, en sentido contrario, me lo exija un juez. Solo diré que, en mi caso, la multinacional en cuestión era del sector del refresco. La misma que amenazó con la retirada de la publicidad que tenía contratada con el medio y la que exigió que no se me permitiera volver a juntar letras.

Otra estrategia de fino matonismo, consiste en trasladar un mensaje a los órganos de representación de la profesión del autor “conflictivo” e instarles a proscribir del colectivo colegial a dicho autor (algo así como inhabilitarlo). De no hacerlo, advierten, dejarán de apoyar o patrocinar al colectivo (tal y como venían haciéndolo). De nuevo, el aquí presente, ha sido testigo directo –muy directo– de este caso. El sector, en este caso, no era de los refrescos, pero sí de algo que se bebe.

Cuando los periodistas, divulgadores o investigadores llaman la atención de una de estas grandes corporaciones, cuando les molesta, la relación que se va a establecer a continuación va a consistir en un enfrentamiento brutalmente asimétrico. Un poco como el clásico David contra Goliat, pero esta vez el primero sin honda y el segundo con superpoderes nivel Thanos. Los defensores de la salud e interés público de un lado, a solas, con recursos limitados y escasa protección institucional y, en el otro, corporaciones con departamentos legales, gabinetes de crisis, tiempo infinito y presupuestos millonarios.

La periodista y editora Laura Caorsi, con una amplia experiencia en contenidos relacionados con la alimentación, sostiene que, aunque estas empresas formalmente vendan galletas, cereales, yogures o refrescos, operan en muchos casos como auténticas agencias de comunicación. Su imagen y reputación es lo más importante. Por ejemplo:

En el fondo, no venden alimentos, el objeto de su negocio consiste en relatos, emociones, ideas y estilos de vida. Es esto lo que van a defender a capa y espada y disponen de una cantidad de recursos asombrosos. Es decir, consideran que su imagen, antes que nada, es su primer valor. En el libro de Caorsi, Comida fantástica, se ofrece un dato demoledor: en España, la inversión que se hace en publicidad por parte de las marcas y de estas multinacionales, junto al sector de la distribución y restauración asciende, anualmente, a 938 millones de euros, es decir, 2,5 millones al día. El doble de lo que se invierte en la modernización de las Fuerzas Armadas.

El desequilibrio es tal que, muchas veces, los autores se ven abocados a una autocensura que resulta más eficaz, incluso, que la oposición que puedan ejercer las marcas cuestionadas, opina Caorsi. No hace falta recibir una amenaza concreta para saber a qué se exponen aquellas personas que en un momento deciden alzar la voz y así criticar a ciertas marcas. Da igual que la crítica sea medida, lógica, razonada e incluso necesaria. Enfrentarse a ciertas marcas implica asumir riesgos en términos de desgaste emocional y profesional y, en muchos casos, estar dispuesto a afrontar consecuencias económicas o laborales.

Beatriz Robles, miembro de la familia Comidista, dietista-nutricionista y, a la sazón, compañera de Caorsi en el podcast A la guerra con una cuchara, coincide con esta reflexión, y va más allá. Esta circunstancia –sostiene Robles– quizá explique el que, hace unos años, en España, existiera una masa crítica de voces que alertaban con datos, argumentos y una sabia perspectiva sobre los excesos de cierta industria alimentaria malsana. Sin embargo, en la última década, muchas de esas voces se han ido apagando. Una retirada del debate público que, en muchos casos es fruto, probablemente, de esa autocensura. Otros, nos consta, han sido claramente víctimas de la cooptación.

Es más que probable también que un tercer grupo de ese silenciamiento sea fruto de la dilución entre el ruido de las redes sociales. Lo más preocupante, sentencia, es que no ha habido reemplazo significativo de aquel tipo de perfiles, que cuenten con la misma fuerza, continuidad y respaldo de los que había no hace demasiado tiempo atrás. La salud pública está perdiendo el partido por goleada y el equipo de los ultraprocesados tiene cada vez más ventaja.

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