‘No hay ninguna mesa en la ‘paz total’ en la que se haya llegado a este punto de compromiso’: Armando Novoa

En medio de las crisis que atraviesa la política de ‘paz total’ en sus otras mesas, el proceso de negociación entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —grupo surgido tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia— ha logrado avances significativos en temas como el plan piloto de sustitución de cultivos con las comunidades. En entrevista con EL TIEMPO, Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en esa mesa, habló sobre el futuro del proceso, la eventual extradición de alias Araña (y lo que esta podría significar para la negociación) y las dificultades que percibe en la política de paz de este Gobierno.

La respuesta del Gobierno sobre ese tema ha sido clara. Primero, la facultad de decidir sobre la extradición de este tipo de personas es una competencia constitucional del presidente de la República. Segundo, la ley de ‘paz total’ define cuáles son las características, las condiciones y las circunstancias en las cuales se podría considerar una suspensión de la orden de captura con fines de extradición. De tal manera que, según la ley de ‘paz total’, si la negociación llega a un punto de no retorno, le corresponde al presidente evaluar esa situación para determinar si es procedente o no enviar al solicitado al país requirente. Claro, en el evento en que se produzca una extradición, la pregunta es: ¿continuará la mesa? ¿No continuará? La tesis que nosotros hemos defendido es que la paz es un bien superior que va más allá de la situación personal de alguno de los líderes de cualquier organización que esté en la mesa.

Es que la ley no define con claridad qué es un estado avanzado en una mesa. Incluso algunos sectores han señalado que se requiere una ley para establecer una gradualidad que permita esa calificación, pero, de acuerdo con el artículo 189, numeral cuarto, de la Constitución, esa valoración es una atribución que deriva directamente de la Constitución en cabeza del presidente, de manera que él es quien tiene la competencia para decir qué es un estado avanzado. Creo que ya lo ha dicho en un par de mensajes en la red social X: se trataría de un proceso que llegue a un punto de no retorno.

Primero, que la Coordinadora Nacional se ha comprometido a respaldar y facilitar en los territorios de su influencia la ejecución de planes piloto de sustitución de hoja de coca: 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. No hay ninguna mesa de las que en la actualidad están instaladas que haya llegado a ese punto de compromiso. Pueden tener otros avances, pero en lo que se refiere a una situación concreta en dos departamentos plagados de hoja de coca, para nosotros es un hecho significativo.

El segundo aspecto es que el nivel de violencia derivado de las acciones de la Coordinadora Nacional ha disminuido de manera importante, aunque no ha desaparecido. Todavía recibimos denuncias permanentes de las comunidades, pero no tenemos situaciones como las del Catatumbo o las del Guaviare, por fortuna. Y un tercer hecho es que la Defensoría del Pueblo ha hecho presencia en nuestra mesa y nosotros aspiramos a que esa presencia sea más permanente y se institucionalice cada vez más, porque eso será una garantía de que los avances en la mesa sí se traduzcan en beneficios para las comunidades.

Al gobierno colombiano le interesa la transformación de las economías ilícitas en economías legales, porque esa transformación es la que permite superar el caldo de cultivo de esas violencias degradadas que encontramos en los territorios. En ese aspecto, llamémoslo así, encontramos una coincidencia con la nueva política de Estados Unidos en el sentido de mandar a algunos países resultados concretos en esta materia. En nuestra mesa hemos encontrado que hemos logrado acuerdos que, por fortuna, van en la misma dirección. De tal manera que sería contraproducente que, mientras en la mesa estemos logrando ese resultado, no podamos llevarlo a cabo por dificultades en la comprensión de la política exterior de Estados Unidos respecto al compromiso que tenemos para lograr la sustitución de la hoja de coca y debilitar la economía del narcotráfico.

El papel y el liderazgo de la fuerza pública, que hace parte del mismo Estado que nosotros representamos, son determinantes, porque tenemos violencias traslapadas en el mismo territorio y, entonces, el acuerdo con uno queda en una situación de fragilidad enorme si otro pretende ocupar los territorios del grupo que firma un acuerdo de paz. De tal manera que nos corresponde armonizar al milímetro los avances que tengamos en la mesa, especialmente en estos programas piloto, con la recuperación del territorio en donde tiene que intervenir la fuerza pública y también otras autoridades del Estado que garanticen políticas sociales que le den legitimidad al Estado.

Y el otro aspecto en el que estamos interesados es que queremos concretar la idea de la paz territorial, en el sentido de que, si logramos un acuerdo en Putumayo y en Nariño, convertiríamos eso en una región de paz. Sería un mensaje al país de que esto sí es posible con el compromiso directo de estos actores armados. Nuestra aspiración es poderlo concretar sin correr mucho, pero teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo en este gobierno. Paz territorial como paz regional, en donde estos grupos se vinculen al proceso de transformación de las economías ilícitas en economías lícitas para lograr que el Estado social de derecho se haga una realidad en donde haya acuerdos de paz.

Sí, toda obra humana es perfectible, decían los teólogos. Entonces, claro, hay críticas que son razonables. No me queda a mí bien como jefe de una delegación desconceptuar esos aspectos, pero los ceses unilaterales de fuego que se decretaron en diciembre de 2022 no fueron una buena idea. Yo creo que eso se produjo por una razón: porque se sobrevaloró la reacción de estos grupos frente al impacto que tenía el triunfo de un gobierno de izquierda. Entonces se pensó que era suficiente un gobierno de izquierda en el poder para hacer acuerdos de paz, y resulta que el efecto fue el contrario: estos grupos entendieron que, como había un gobierno de izquierda, le podían subir la vara al costo de la paz y entonces, en lugar de acercarla, la distanciaron. Y en ese contexto vino la decisión presidencial de los ceses unilaterales del fuego, que se hicieron sin reglas, sin mecanismos de control y monitoreo, y eso no fue un buen camino de entrada.

Pero yo creo que nuestra delegación y el consejero comisionado de paz somos conscientes de eso, y el último decreto que ha dictado el presidente de la República, que no es un cese bilateral del fuego, sino de suspensión de operaciones militares ofensivas con las estructuras de otras disidencias de las Farc, atiende esa crítica que en varios aspectos es razonable por parte de sectores de la opinión pública.

Eso para mencionar algunos de los aspectos. Si quisiéramos ahondar, tendríamos que decir que la falta de coordinación institucional es brutal. Es más difícil la coordinación institucional que hacer acuerdos de paz, y el gran reto que tenemos, no como mesas, sino como gobierno y como Estado, es lograr que la institucionalidad se mueva de manera eficaz, porque si no lo hace, ninguna firma de ningún acuerdo de paz será sostenible, con el efecto perverso de que esos grupos resultarían relegitimados en los territorios porque el Estado habría fracasado una vez más en su promesa de las transformaciones en los territorios.

Si no hay acuerdo con esos grupos armados para abandonar las economías y las gobernanzas criminales, va a ser muy difícil. A esos actores hay que involucrarlos en la construcción de Estado local bajo las reglas de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Entiéndase bien: nosotros no planteamos entregarles esas territorialidades a los actores ilegales; estamos planteando que, en un proceso de tránsito a la paz en clave territorial, esos actores tienen que vincularse directamente al éxito de las políticas de reconciliación.

De otra manera, va a ser muy difícil en materia electoral, en materia de control de los recursos públicos en los territorios. Tiene que haber garantías para que entre la justicia, para que entren los hilos de convivencia de la democracia en esos territorios; para que los menores no encuentren como única alternativa de vida irse a alimentar las filas de estos grupos. Eso se hace en un acuerdo con ellos, no derrotándolos en una mesa de paz.

Bueno, la Constitución del 91 tiene unas fórmulas que van desde una justicia comunitaria, jueces de paz, conciliadores en equidad y mediadores que resuelvan los problemas de la cotidianidad de esas comunidades —deudas, separaciones y maltrato infantil—, hasta modalidades de presencia dura de la justicia, como, por ejemplo, delegados especiales en estos territorios de la Fiscalía General de la Nación para que empiecen a recibir denuncias de delitos y para que empiecen a adelantar las investigaciones del caso. Un acuerdo de paz debe tener un capítulo especial para la presencia de la justicia local en esos territorios.

El consejero comisionado ha hablado de algunos aspectos que a nosotros nos corresponde tener en cuenta. Primero, descartamos toda posibilidad siquiera de hablar de nuevas jurisdicciones especiales. Eso significa justicia ordinaria y la posibilidad de estudiar, por ejemplo, los mecanismos que deberían tenerse en cuenta para hacerle ajustes a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz). Alguien puede decir: “De esta agua no beberé”. Pues esa ley expedida en el gobierno del presidente Uribe puede ser un instrumento muy importante para acuerdos de paz en materia judicial en este nuevo ciclo de violencias.

También puede ser justicia restaurativa, sin que eso signifique que vamos a aplicar modalidades de justicia transicional que en el acuerdo de 2016 quedaron acotadas a quienes firmaran esos acuerdos. De tal manera que nosotros privilegiamos las herramientas que nos ofrece la justicia ordinaria, y solamente en circunstancias muy excepcionales e insuperables tendríamos que pensar en ajustes normativos, que por lo pronto no hemos considerado de manera concluyente.

Ellos, en la reunión que tuvimos inicialmente, hablaron de indulto, de amnistía, pero tienen claro que los máximos responsables, los líderes de la agrupación, no pueden ser beneficiarios de ese tipo de medidas porque el marco judicial disponible no lo permite. Ese tipo de beneficios puede cobijar a guerrilleros rasos o a personas que incluso no participaron del acuerdo de 2016, pero con ellos hay que buscar un tratamiento judicial que, creo yo, necesariamente implicaría penas privativas de la libertad.

Hemos hablado de un proceso gradual de dejación de armas. La gobernanza criminal que manejan los grupos armados está fundamentada en dos grandes cosas: la economía ilegal y las armas. O sea, el poder coercitivo que da un arma. Las armas, lo hemos pensado a través de una entrega gradual de armas porque a eso se debe llegar, a un acuerdo final del fin del conflicto. Eso ha pasado en diferentes partes; nosotros hemos estudiado el caso irlandés, en donde se ha ido gradualmente entregando armas.

¿Por qué así? Porque, en medio de esa conflictividad territorial con los otros grupos ilegales, ellos dicen: “Si yo no tengo las armas, me matan”. Entonces, ahí es donde tiene que haber un proceso de confianza y de voluntad de ambas partes. Por eso nosotros hemos estado dirigidos también a la sustitución de cultivos, porque si logramos sustituir en la cultura de lo ilegal, podemos de verdad llegar a un acuerdo final de fin del conflicto y evitar nuevas violencias recicladas como las que se están viviendo ahora.

Cuando hablamos de que los máximos responsables aceptan y entienden que deberían tener unas medidas de privación de la libertad, esa privación no necesariamente traduce cárcel. Hay unas formas distintas y posiblemente desde el punto de vista social y pedagógico mucho más constructivas que estar recluidos en una cárcel. Entonces, sí privación de la libertad, pero eso no quiere decir sacarlos de sus territorios y meterlos en una cárcel en una ciudad, sino involucrarlos dentro de las mismas comunidades con trabajos restaurativos, en un ambiente controlado, obviamente. Pero esa privación de la libertad puede ser aplicada con medidas restrictivas que los hagan útiles a la comunidad.

No creemos en el poder restaurador de tener a una persona presa. No creemos que eso les sirva a las víctimas ni les sirva a ellos como seres humanos. Eso es muy importante, porque la pena privativa de la libertad en este nuevo escenario tenemos que concebirla dentro de medidas que sean eficaces para obligarlos a participar en las transformaciones territoriales. Entonces, significa que ellos se comprometen en esos polígonos donde habrá concentración de estructuras en esos territorios. Ahí tienen que operar unos planes de transformación territorial. Las medidas judiciales no deberían dejar de lado este otro aspecto que es muy importante, pero ese tema todavía lo estamos cocinando.

Sí, nosotros les hemos dicho: mire, la negociación no puede ser eterna. No pueden ser acuerdos y acuerdos y acuerdos. Esos acuerdos tienen que conducir a un fin del conflicto. Nosotros nos comprometemos a entregarles una hoja de ruta para que en el próximo ciclo discutamos ese tema. La hoja de ruta es todo esto que estamos comentando: tiene que llegar a un punto en donde digan, “Listo, dejamos las armas” y firmamos un acuerdo de paz.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)