CDMX: PAN propone tipificar sicariato; Ley Seca por Elección Judicial

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar el delito de sicariato, con penas de hasta 50 años de prisión, tras el asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno. Paralelamente, se anunció la implementación de la Ley Seca durante el fin de semana de la elección judicial.

Dos temas de alta relevancia política y social para la Ciudad de México han cobrado protagonismo este 28 de mayo de 2025: una propuesta legislativa para combatir el asesinato por encargo y las medidas preventivas para la inédita elección judicial.

A raíz del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, ocurrido el pasado 20 de mayo, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México presentó formalmente una iniciativa para tipificar el delito de sicariato en el Código Penal local.

La propuesta, impulsada por la diputada Olivia Garza, busca añadir la fracción IX al artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal. Esta adición establecería penas que van de los 20 a los 50 años de prisión para quienes cometan este ilícito. La motivación principal es la percepción de que la figura de «homicidio calificado» resulta insuficiente para abordar la complejidad y la estructura organizada que suele estar detrás de los asesinatos por encargo. Los proponentes argumentan que es necesario investigar y sancionar no solo al autor material, sino a toda la cadena de mando involucrada: quien reclutó, proveyó armas, vehículos, información sobre las víctimas y apoyó las ejecuciones.

Según la diputada Garza, el fenómeno del sicariato ha ganado fuerza y presencia en la Ciudad de México, en parte debido al incremento de grupos de delincuencia organizada que han establecido la capital como un centro de operaciones desde 2017. La iniciativa pretende cambiar el paradigma de investigación para desintegrar estas organizaciones criminales.

Esta propuesta, surgida desde la oposición y en un contexto de conmoción por un crimen con posibles connotaciones políticas, inevitablemente se inserta en el debate sobre la seguridad en la capital. Mientras algunos pueden verla como una herramienta necesaria para enfrentar una modalidad delictiva en auge, otros podrían interpretarla como una maniobra política para presionar al gobierno local. El curso de esta iniciativa en el Congreso y las posturas que adopten otras fuerzas políticas, así como la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, serán cruciales para determinar su futuro.

En otro orden de ideas, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció la implementación de la Ley Seca durante el fin de semana correspondiente a la elección de integrantes del Poder Judicial, programada para el domingo 1 de junio.

La medida restrictiva aplicará desde las 00:00 horas del sábado 31 de mayo hasta las 23:59 horas del domingo 1 de junio en las 16 alcaldías de la capital. Durante este periodo, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos como vinaterías, tiendas de autoservicio, minisúpers, restaurantes y bares, incluyendo servicios de entrega a domicilio.

El aviso oficial con todos los detalles se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el próximo jueves 29 de mayo. El propósito de esta medida, según las autoridades, es garantizar que la jornada electoral se desarrolle de la mejor manera posible, en un ambiente de orden y tranquilidad.

«El propósito es garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo de la mejor manera.» – César Cravioto, Secretario de Gobierno de la CDMX, sobre la Ley Seca.

Este anuncio se complementa con la preparación de un operativo de seguridad especial para la jornada electoral, con el fin de asegurar la participación libre de la ciudadanía. En el contexto de una elección inédita y con tensiones previas, como las denuncias de «acordeones» y posibles boicots, la Ley Seca y el despliegue de seguridad adquieren una relevancia adicional como parte del esfuerzo de las autoridades por asegurar un proceso electoral ordenado y con la mayor legitimidad posible.

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