Seguridad y Justicia: Panorama Complejo en México

La seguridad y justicia en México continúan siendo un campo de retos multifacéticos, donde la integridad del sistema judicial y la persistencia de la criminalidad organizada y cotidiana configuran un panorama complejo que exige atención profunda y estrategias adaptadas.

El sistema de seguridad y justicia en México se encuentra bajo un intenso escrutinio, especialmente tras las advertencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la reciente elección judicial. La OEA ha señalado que este proceso «no garantiza la autonomía o independencia del Poder Judicial». El informe de la OEA, publicado el 6 de junio de 2025, es contundente al afirmar que la elección no asegura la solvencia técnica de los elegidos y que una mayoría de los candidatos más votados fueron nominados por el Poder Ejecutivo. Esta situación, sumada a una participación electoral extremadamente baja (más del 85% de abstención), afecta la legitimidad del proceso.

La falta de independencia percibida en el Poder Judicial podría tener un efecto dominó en la seguridad del país. Si los jueces son vistos como alineados políticamente en lugar de imparciales, sus decisiones podrían ser cuestionadas, lo que podría erosionar la confianza pública en el sistema de justicia. Esta erosión de la confianza, a su vez, podría alentar a elementos criminales al percibir un poder judicial debilitado, comprometiendo así la aplicación efectiva de la ley y la estrategia de «cero impunidad» planteada en el Plan Nacional de Desarrollo.

Paralelamente, el país enfrenta una persistencia y diversificación de la violencia. En Nuevo León, se han reportado 181 homicidios culposos por accidentes viales en los primeros cuatro meses de 2025 , una cifra que refleja un desafío constante en la seguridad vial. Una tendencia alarmante es el aumento de los secuestros virtuales dirigidos a estudiantes, con 40 casos registrados en la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 2025. Estos crímenes, que se basan en el engaño y la manipulación psicológica a través de la conectividad digital, evidencian una adaptación de las tácticas delictivas.

Otro incidente que ilustra la sofisticación de la criminalidad es el desplome de una estructura de túnel, presuntamente utilizada para el robo de combustible, en Otumba, que dejó seis personas fallecidas. Este tipo de hallazgos, junto con el aumento de los secuestros virtuales, demuestra que los grupos criminales no son estáticos; se adaptan a los avances tecnológicos y a las oportunidades económicas. Esta diversificación de las actividades delictivas plantea un desafío mayor para las fuerzas del orden, que requieren unidades especializadas y una inteligencia más ágil, en lugar de depender únicamente de los métodos policiales tradicionales.

La combinación de un sistema judicial bajo cuestionamiento y una criminalidad en constante evolución exige una estrategia de seguridad nacional más ágil y tecnológicamente informada. La lucha contra la impunidad y la protección de los ciudadanos dependen de la capacidad del Estado para garantizar un poder judicial verdaderamente independiente y para adaptarse rápidamente a las nuevas modalidades delictivas.

«La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.» — Informe de la OEA, 6 de junio de 2025

La situación actual demanda una respuesta integral que no solo fortalezca las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, sino que también restaure la confianza pública en las instituciones de justicia, elementos cruciales para la estabilidad y el desarrollo del país.