Senado aprueba Ley Antilavado: En qué consiste y por qué causa polémica

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.

Esta nueva legislación, promovida por Morena y sus aliados, busca reforzar el combate al lavado de dinero y al terrorismo. Sin embargo, ha encendido las alertas por el alcance que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acceder a datos personales de los ciudadanos.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentran:

• La ampliación de facultades de la SHCP, que podrá solicitar información a dependencias, organismos autónomos, sindicatos y empresas productivas del Estado sin requerir autorización judicial, como establece el polémico artículo 51 bis.
• La inclusión de nuevas actividades consideradas vulnerables, como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales (criptomonedas) y los fideicomisos.
• La definición y vigilancia de las llamadas personas políticamente expuestas, es decir, quienes hayan ocupado cargos públicos en México o en el extranjero, así como sus familiares y allegados, de acuerdo con criterios que fijará la SHCP.
• La cooperación entre la SHCP y la Guardia Nacional para prevenir y detectar operaciones ilícitas, lo que ha despertado temores de una posible “militarización” en el combate a delitos financieros.

Legisladores de oposición y diversos especialistas advierten que esta ley podría abrir la puerta a abusos. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, criticó que la reforma permita al Estado acceder a datos sensibles de ciudadanos, partidos políticos, sindicatos y empresas sin orden judicial.

El artículo 3 fracción IX bis, que amplía el concepto de persona políticamente expuesta, ha sido señalado como un riesgo para la privacidad, al permitir un escrutinio extendido incluso a familiares de exservidores públicos.

Además, el artículo que permite la cooperación con la Guardia Nacional preocupa a quienes temen que el Ejército tenga injerencia en investigaciones financieras. “Se corre el riesgo de criminalizar a opositores o frenar la inversión al generar incertidumbre en el sector privado”, indicó el senador panista Francisco Ramírez.

La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se prevé un nuevo debate. Por lo pronto, organizaciones de derechos humanos y sectores empresariales ya han solicitado que se hagan ajustes para evitar excesos y garantizar un equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.

Cabe destacar que el gobierno justifica la reforma como parte de su compromiso con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un contexto donde México busca demostrar avances en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.