La cumbre del G20 en una encrucijada

El G20 se encuentra en una encrucijada de propósito, legitimidad y posibilidades. Desde su elevación a foro de líderes en 2008, el Grupo de los Veinte (G20) ha consolidado su propósito como la principal plataforma para la respuesta a las crisis y la coordinación macroeconómica. Cuando las crisis financieras amenazaron con desestabilizar bancos, acreedores o mercados sistémicos, el foro movilizó billones de dólares en estímulos fiscales y liquidez. La cumbre de Londres de 2009 constituye el caso paradigmático de la eficaz respuesta del G20 ante las crisis, con la promesa de 1,1 billones de dólares para crédito y crecimiento, y la creación del Consejo de Estabilidad Financiera para fortalecer la supervisión de las finanzas globales.

Pero, al analizarlo desde la perspectiva más amplia de lograr la justicia económica, sus deficiencias se hacen más evidentes. El G20 ha fracasado sistemáticamente en abordar las desigualdades sistémicas que impulsan la carga de la deuda, el colapso ecológico y la creciente inseguridad social.

El G20 reivindica su legitimidad en función de su magnitud. Sus miembros representan alrededor del 85% del PIB mundial, el 75% del comercio global y dos tercios de la población mundial. Sin embargo, su legitimidad es cuestionada. La mayoría de los países permanecen fuera del G20 y, dentro de este, el poder se concentra firmemente en los miembros del G7, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales (IFI) y la consolidación de las prioridades de los países del Norte Global.

También surgen dudas sobre la legitimidad de un grupo que se autoproclamó para abordar los desafíos globales, aunque sus miembros a menudo los exacerban. Tan solo en 2022, los miembros del G20 proporcionaron la cifra récord de 1,4 billones de dólares en apoyo explícito a los combustibles fósiles.^vi Si se incluye la subestimación de los daños ambientales, el total de subsidios a los combustibles fósiles alcanzó los 7 billones de dólares, equivalentes al 7,1 % del PIB mundial, superando con creces el total de los compromisos de financiación climática.

Este informe evalúa el desempeño del G20 en cinco ámbitos políticos, aplicando dos perspectivas. En primer lugar, mide el grado de consecución de los objetivos declarados del G20. “ Un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo”. En segundo lugar, aplica un marco de justicia económica, evaluando los resultados en las dimensiones distributiva, procedimental, de reconocimiento, reparadora, de capacidad y ambiental.

En todos los casos encontramos un G20 incapaz de lograr una reforma estructural, ya que el foro negocia intereses a menudo divergentes y ofrece resultados moldeados por asimetrías sistémicas y normas dominantes.

La sucesión de cuatro presidencias del Sur Global entre 2022 y 2025 ha demostrado cómo pueden cambiar las prioridades y surgir posibilidades cuando las agendas son moldeadas por países ajenos al G7. Estas presidencias han centrado las preocupaciones de las grandes economías del Sur Global y han contribuido a ampliar la idea de qué constituye una crisis y para quién. Indonesia priorizó la recuperación tras la pandemia y la financiación de la transición energética, lo que dio lugar a la primera Alianza para una Transición Energética Justa (JETP), centrada en la reducción gradual del carbón.^1,xiv,xv India impulsó la infraestructura pública digital como herramienta de desarrollo, vinculándola a la inclusión financiera y de servicios.^2,xvi,xvii Brasil abrió nuevos caminos al incluir la tributación de las personas más ricas en la agenda del G20 (y más allá), junto con un impulso a la política industrial verde.^3,xviii,xix Sudáfrica ha dado prioridad a las economías del cuidado y la financiación para la adaptación, promoviendo debates sobre cómo integrar la reproducción social y la resiliencia climática en la gobernanza económica.^4,xx,xxi Estos esfuerzos demuestran cómo una mayor pluralidad de pensamiento y experiencia económica puede reformular la gobernanza global, incluso si los resultados siguen estando limitados por las normas de consenso, el arraigado poder del Norte Global y la dependencia del foro de la implementación nacional.

El G20 seguirá lidiando con cuestiones de propósito y legitimidad, de intereses fragmentados y de una implementación desigual. Pero sus posibilidades en los próximos 20 años también estarán condicionadas por un mundo cambiante y por cómo responda a estas cuatro cuestiones interrelacionadas:

1. ¿Podrá mantener su credibilidad en un orden de poder global cambiante?
2. ¿Qué ocurre si la rivalidad económica da paso a la confrontación directa entre los miembros?
3. ¿Pueden los líderes cumplir con los compromisos multilaterales en medio de las desigualdades y la polarización internas?
4. ¿Redefinirá el G20 lo que constituye una crisis?

A estas cuestiones se suma el creciente dominio estructural del capital y la riqueza privados en nuestras economías. Mientras el mundo se acerca a su primer trillonario, la extrema acumulación de riqueza en nuestra economía global sigue siendo la variable ausente en la gobernanza económica mundial en todos los ámbitos políticos, y una que el G20 debe abordar.

Recomendaciones

Casi dos décadas de experiencia apuntan a cinco principios de actuación:

1. Integrar la justicia y la sostenibilidad en la coordinación de crisis. Las futuras respuestas del G20 deben incorporar la equidad, la sostenibilidad de la deuda, la protección social y los umbrales ecológicos en su diseño. Los indicadores de justicia, como los ratios del servicio de la deuda, el acceso regional a las vacunas, la reducción de la concentración de la riqueza y el margen fiscal para la inversión social, deberían convertirse en indicadores estándar de éxito. La aplicación de estos parámetros transformaría la gestión de crisis, pasando de una estabilización reactiva a una resiliencia proactiva y distributiva.
2. Utilizar el poder blando para orientar las normas hacia la equidad. Aprovechar la influencia del G20 en los discursos para reformar las normas. Compartir prioridades, indicadores y ciclos de presentación de informes con organismos de la ONU como la CMNUCC y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal (CMNUCC), reforzando, defendiendo y legitimando así la gobernanza democrática.
3. Es fundamental involucrar y legitimar las coaliciones que impulsan el cambio estructural. La visibilidad del G20 debe aprovecharse para dar impulso a avances progresistas, que a menudo surgen fuera de las estructuras formales de toma de decisiones. La Iniciativa de Bridgetown, las campañas de Jubilee sobre la deuda, la UNTC y el Nuevo Banco de Desarrollo ilustran cómo las coaliciones de Estados y movimientos pueden ser pioneras en nuevas normas, políticas e instituciones.
4. Es necesario crear sistemas más justos para hacer cumplir las normas y exigir responsabilidades. Los marcos actuales siguen siendo en gran medida voluntarios y, si bien la aplicación global plenamente vinculante plantea limitaciones a la soberanía, los mecanismos graduales —como las cláusulas de participación acordadas por los acreedores, los paneles de arbitraje regionales o los marcos de acción colectiva— pueden combinar viabilidad y equidad.
5. Amplíe el significado de estabilidad para incluir la seguridad humana y planetaria. El G20 sigue definiendo las crisis a través de amenazas a la estabilidad financiera. Pero los riesgos que definen este siglo son sociales y ecológicos: la crisis climática, el trabajo precario y la creciente desigualdad.

Si el G20 logra integrar estas lecciones —ampliando su definición de crisis, compartiendo la responsabilidad de la aplicación de la ley y alineándose con las normas universales basadas en la justicia— podrá pasar de ser un foro que previene el colapso del sistema financiero a uno que fomenta el bienestar humano y planetario.

Imagen: Senderistas/shutterstock